La reciente designación de Eva López Tarrío como futura directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) ha desencadenado una de las mayores controversias culturales vividas en Galicia durante los últimos años. Más allá de la figura de la candidata elegida, el debate ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales acerca del modelo de gestión de las instituciones artísticas públicas, la transparencia en los procesos de selección y la autonomía de los espacios dedicados a la creación contemporánea.
La elección de López Tarrío, todavía pendiente de su formalización oficial, ha sido recibida con una fuerte contestación por parte de amplios sectores del mundo del arte gallego. Críticos, comisarios, gestores culturales, artistas y responsables de museos han cuestionado tanto el procedimiento utilizado como el perfil profesional de la futura directora, a quien consideran una figura poco conocida dentro de los circuitos nacionales e internacionales del arte contemporáneo.
El conflicto no surge de manera aislada. La polémica se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la evolución del CGAC durante los últimos años. Para numerosos profesionales del sector, la institución ha ido perdiendo progresivamente el protagonismo y la capacidad de influencia que la convirtieron en una referencia imprescindible dentro del panorama artístico español. El relevo de Santiago Olmo, que dirigió el centro durante más de una década, ha actuado como detonante de un malestar acumulado desde hace tiempo.
Las críticas se centran especialmente en el sistema de selección empleado por la Xunta de Galicia. La convocatoria se realizó mediante un procedimiento de libre designación restringido exclusivamente a funcionarios de carrera, una fórmula que diversos colectivos consideran insuficiente para garantizar la elección del perfil más adecuado para liderar una institución de la complejidad y relevancia del CGAC. Desde esta perspectiva, el proceso habría limitado considerablemente la concurrencia de profesionales con experiencia específica en dirección museística, gestión cultural internacional o comisariado de gran escala.
La asociación cultural La Vegliota, que ha canalizado buena parte de la movilización del sector, ha reunido cerca de mil quinientas adhesiones en defensa de un modelo más abierto y profesionalizado para la gestión del museo. Los firmantes denuncian lo que interpretan como una creciente intervención política en la orientación de la institución y alertan sobre el riesgo de profundizar una pérdida de prestigio que consideran evidente desde hace años.
Por su parte, la Xunta defiende la absoluta legalidad y legitimidad del procedimiento. Tanto el presidente gallego, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Cultura, José López Campos, han insistido en que la elección se ajusta plenamente a la normativa vigente y responde a criterios de mérito, capacidad y evaluación de proyectos. Desde la administración se recuerda además que el CGAC no funciona como una fundación independiente ni cuenta con un patronato autónomo, sino que forma parte directamente de la estructura administrativa de la Consellería de Cultura.
Sin embargo, la cuestión de fondo trasciende la discusión jurídica. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza cultural que debe regir las principales instituciones públicas. La tensión entre control administrativo e independencia artística no es exclusiva de Galicia; constituye uno de los grandes debates contemporáneos sobre la gestión de museos y centros de arte en Europa. Mientras algunos defienden la legitimidad de los gobiernos para designar a los responsables de organismos financiados con recursos públicos, otros reclaman mecanismos más abiertos, internacionales y basados en la excelencia profesional.
Las primeras consecuencias ya se han dejado sentir dentro del propio CGAC. La dimisión de varios miembros de su consejo asesor revela la profundidad del desacuerdo existente y anticipa un periodo de incertidumbre para la institución. Más que una controversia personal sobre una candidatura concreta, el episodio evidencia una fractura entre las políticas culturales oficiales y una parte significativa del ecosistema artístico gallego.
El verdadero desafío comienza ahora. La futura dirección deberá demostrar si es capaz de reconstruir puentes con un sector profundamente crítico y de devolver al CGAC la capacidad de convertirse nuevamente en un espacio de referencia para la creación contemporánea. Porque la discusión abierta estos días no trata únicamente de quién dirige un museo. Trata, sobre todo, de qué papel debe desempeñar la cultura pública en una sociedad democrática y de quién tiene la responsabilidad de definir su futuro.