La justicia frena la retirada de más piezas del Museo Nacional de Colombia

La polémica por la retirada de 30 piezas de la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia ha abierto una crisis institucional que trasciende el ámbito museístico. La decisión del Ministerio de Cultura, defendida por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el marco de su ofensiva contra lo que denomina wokismo, ha provocado protestas ciudadanas, el rechazo de instituciones artísticas y críticas procedentes de diferentes sensibilidades políticas. La controversia ha llegado también a los tribunales: un juez de Bogotá ha ordenado, como medida provisional, impedir nuevas retiradas y garantizar la conservación de los objetos afectados.

La resolución del juez César Osorio Ortiz se produjo después de admitir una acción de tutela presentada por tres ciudadanos que consideran vulnerados los derechos vinculados a la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística. La medida obliga al Ministerio de Cultura a preservar las piezas retiradas y prohíbe destruirlas, trasladarlas fuera del museo, darlas de baja, devolverlas a terceros o modificarlas. Asimismo, establece que no podrán retirarse ni intervenirse otras obras de las exposiciones por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones.

Los impulsores de la acción judicial son Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo LGBTIQ+ León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, miembro de la organización trans Revolución Rosa. El juez ha dado al Ministerio un día hábil para presentar un informe detallado sobre las piezas retiradas, su ubicación actual, su estado de conservación y las autoridades responsables de cada decisión.

Objetos que narran una historia en disputa

Entre los elementos retirados figuran objetos y fotografías relacionados con la diversidad sexual y los movimientos feministas, así como materiales vinculados a dirigentes de la izquierda asesinados en 1990. Entre ellos se encuentra Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, cuya trayectoria forma parte de uno de los episodios más dolorosos de la historia política colombiana.

La intervención también ha afectado a objetos que documentan procesos fundamentales de la historia reciente del país. Es el caso de una muestra de la Séptima Papeleta, la iniciativa impulsada por el movimiento estudiantil en 1989 que contribuyó al proceso constituyente que culminó en la Constitución de 1991. También se ha retirado el bolígrafo utilizado por las antiguas FARC y el expresidente Juan Manuel Santos para firmar el acuerdo de paz de 2016. La relación de piezas incluye, además, la camiseta con la que el ciclista Lucho Herrera ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia.

La diversidad de estos objetos ha intensificado las críticas a la intervención. Más allá de su naturaleza material, las piezas documentan luchas por los derechos civiles, procesos de participación democrática, conflictos políticos, acuerdos de paz y acontecimientos deportivos que forman parte del imaginario colectivo colombiano. Su retirada plantea así una cuestión central sobre el papel de los museos nacionales: quién decide qué episodios deben representarse y con qué criterios se construye el relato de una sociedad.

El discurso político y la respuesta del mundo cultural

La polémica se ha visto agravada por el contexto político en el que se produjo la decisión. El mismo día en que se retiraron las piezas, el presidente De la Espriella pronunció un discurso en la sede del Ministerio de Cultura en el que anunció una ofensiva contra el wokismo y el lenguaje inclusivo. En su intervención, cuestionó las perspectivas que, a su juicio, niegan las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, justifican el terrorismo o interpretan la historia exclusivamente a partir de las relaciones entre opresores y oprimidos.

La ministra de Cultura, Holguín, ha defendido la necesidad de reevaluar la curaduría del Museo Nacional, pero no ha ofrecido una explicación detallada sobre los criterios empleados para seleccionar las piezas ni sobre las razones de la retirada repentina. La intervención ha dejado espacios vacíos en las salas y ha alimentado las sospechas de que la reorganización responde a una orientación ideológica.

Después de dos días de protestas, la ministra mantuvo su posición y publicó un comunicado en sus redes sociales en el que acusó a quienes convocaron las movilizaciones de haber transformado la cultura en una herramienta de «deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas». Sus declaraciones han contribuido a prolongar el enfrentamiento entre el Gobierno y los sectores que reclaman explicaciones públicas sobre la intervención.

Las galerías colombianas reivindican la autonomía cultural

El rechazo no procede únicamente de organizaciones políticas o colectivos sociales. El debate ha movilizado también a instituciones y profesionales del sector artístico, preocupados por las consecuencias que una decisión de estas características puede tener sobre la autonomía de los museos y la libertad de interpretación histórica.

La Asociación de Galerías de Arte Colombianas (AGAC) ha recordado el papel que desempeñan las galerías en la profesionalización de artistas, galeristas, comisarios, gestores culturales y otros agentes del sector. La entidad reivindica estos espacios como lugares de exhibición, comercialización y circulación artística, pero también como puntos de encuentro que favorecen el acceso a la cultura mediante exposiciones, conversatorios, cursos, seminarios y talleres, muchos de ellos gratuitos.

En su posicionamiento institucional, la asociación subraya la contribución histórica de las galerías a la autonomía del campo artístico colombiano, la consolidación del arte moderno y contemporáneo, la internacionalización de sus creadores y la formación de públicos y coleccionistas. También destaca su labor en ámbitos como el asesoramiento de colecciones, la catalogación, la conservación y la comercialización de obras. Desde su fundación, la AGAC ha defendido la activación del mercado artístico nacional e internacional y la promoción de buenas prácticas en el coleccionismo, partiendo de la convicción de que la cultura contribuye al bienestar social y económico del país.

En este contexto, la controversia del Museo Nacional afecta a una cuestión que va más allá de la gestión de una colección concreta: la capacidad de las instituciones culturales para desarrollar su trabajo con criterios profesionales, preservar la pluralidad de los relatos históricos y mantener su independencia frente a los cambios de orientación política.

Un rechazo que atraviesa el espectro político

Las críticas a la retirada de las piezas han superado las fronteras ideológicas tradicionales. Representantes de sectores liberales y de la derecha han expresado públicamente su desacuerdo con la intervención, cuestionando que un Gobierno pueda determinar qué episodios de la historia deben permanecer visibles en un museo.

Federico Hoyos, excongresista del partido Centro Democrático, ha manifestado su oposición a la retirada de objetos que explican una parte de la historia colombiana. Por su parte, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, ha advertido de los riesgos de convertir las salas museísticas en instrumentos de propaganda política. Su crítica apunta a la posibilidad de que una administración adapte el pasado a sus propios intereses, en lugar de facilitar una lectura plural de los acontecimientos.

También María Paz Gaviria, curadora de arte y excandidata al Senado por el Partido Liberal, ha cuestionado la decisión al plantear cómo puede explicarse la conquista de la ciudadanía sin mostrar a quienes tuvieron que luchar por ella. Su reflexión resume una de las principales objeciones a la retirada: eliminar las huellas materiales de determinados movimientos puede dificultar la comprensión de los procesos sociales que transformaron el país.

La intervención ha provocado, además, el rechazo de varios museos de arte moderno colombianos, que han reclamado respeto por la autonomía de las instituciones y una revisión pública de las decisiones adoptadas. Las críticas coinciden en señalar que la selección y presentación de los fondos museísticos deben responder a criterios transparentes y profesionales, y no a la voluntad de imponer una interpretación única de la historia.