El cine no es sólo entretenimiento: es memoria colectiva, imaginario compartido y un espejo crítico de la sociedad. Con esta idea de fondo, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la nueva Ley del Instituto de la Filmoteca Nacional de Cataluña, una iniciativa que marca un antes y un después en la política cultural del país. Con un amplio apoyo parlamentario -109 votos a favor, once en contra y quince abstenciones-, la norma se convierte en la primera ley cultural aprobada en los últimos quince años y la primera de esta legislatura.
La consejera de Cultura, Sònia Hernández, ha calificado la aprobación como "un gran día para la cultura del país", destacando que el nuevo marco legal permitirá consolidar una Filmoteca "moderna, bien estructurada y con autonomía de acción". El objetivo es claro: reforzarla como una pieza clave dentro del sistema cultural catalán y garantizar el reconocimiento institucional que merece.
La ley supone la creación de un nuevo organismo con personalidad jurídica propia que gestionará de forma autónoma la Filmoteca Nacional. Esta transformación permitirá agilizar procesos y desarrollar con mayor eficacia sus funciones esenciales: proteger, conservar y difundir el patrimonio cinematográfico de Cataluña. Según el director de la institución, Pablo La Parra, esta nueva etapa facilitará una gestión más flexible y adaptada a las necesidades específicas del sector.

La trayectoria de la Filmoteca de Catalunya, creada en 1981, refleja una constante evolución. En sus inicios, la actividad se desarrollaba en salas de cine repartidas por Barcelona, mientras se construía progresivamente un archivo fílmico y una biblioteca especializada. Con el paso del tiempo, la institución se consolidó hasta dar un salto cualitativo en el año 2012 con la inauguración de dos sedes clave: el espacio del Raval, dedicado a la difusión y la actividad pública, y el centro de conservación y restauración de Terrassa, especializado en la preservación del patrimonio audiovisual en formatos tanto fotoquímicos como digitales.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la emancipación de la Filmoteca respecto al Instituto Catalán de las Empresas Culturales, al que estaba adscrita desde 2001. Este cambio no sólo refuerza su autonomía, sino que también redefine el ecosistema institucional del sector audiovisual catalán. A partir de ahora, las competencias cinematográficas de la Generalitat se canalizarán a través de dos estructuras diferenciadas: el ICEC y el nuevo Instituto de la Filmoteca Nacional de Catalunya.
La norma no se limita al ámbito patrimonial. También apuesta decididamente por la investigación y la formación. Entre sus líneas de acción destaca la capacidad de impulsar proyectos de investigación, atraer financiación y promover estudios reglados vinculados al cine y al audiovisual. Asimismo, se refuerza el papel de la mediación cultural y educativa, con la voluntad de integrar el patrimonio cinematográfico en el sistema educativo catalán.
Otro de los objetivos estratégicos es descentralizar la actividad de la Filmoteca y extenderla por todo el territorio, superando la concentración histórica en Barcelona. Esta apertura territorial busca acercar el cine como patrimonio vivo a todos los ciudadanos y afianzar una cultura audiovisual compartida.