En el punto de encuentro —siempre delicado—, entre patrimonio, política y justicia, el caso de las pinturas murales de Sijena vuelve a situarse en el centro del debate cultural. El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha anunciado que recurrirá la reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca, que fija en 56 semanas el plazo para completar el traslado de las obras al monasterio de Sijena, en Aragón.
La resolución judicial establece por vez primera un calendario concreto en un litigio que se arrastra desde hace años. El museo catalán, que había propuesto previamente un cronograma más amplio –de unos quince meses–, considera insuficiente el margen fijado por el juzgado y prepara un recurso que presentará dentro del plazo legal de cinco días.
Según el texto de la resolución, la juez rechaza las advertencias formuladas por el MNAC sobre las dificultades técnicas del traslado y se remite a la sentencia de 2016, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, donde se indicaba que ningún perito había concluido que el traslado fuera imposible ni que implicase necesariamente la destrucción de las pin. Asimismo, se admite un informe aportado por el Gobierno de Aragón que defiende que la sala capitular del monasterio, recientemente rehabilitada, reúne las condiciones adecuadas para albergar las obras.
Con estos argumentos, el juzgado considera viable ejecutar el traslado dentro del plazo establecido de 56 semanas, un período que incluso resulta superior a los siete meses que había sugerido inicialmente el ejecutivo aragonés, pero inferior al planteamiento del museo barcelonés. La juez da por hecho que los estudios previos y el diagnóstico técnico ya están realizados, lo que permitiría acelerar el proceso.
La resolución introduce también un elemento inesperado: la posibilidad de constituir una comisión de expertos para consensuar los detalles del traslado. Sin embargo, este espacio de negociación queda condicionado al estricto cumplimiento del plazo fijado, que no podrá superar en ningún caso las 56 semanas establecidas por el tribunal.