La controversia en torno a la Colección Gelman —uno de los conjuntos privados más relevantes del arte mexicano del siglo XX— ha escalado en los últimos meses tras el anuncio de que una parte sustancial del acervo viajará a España para exhibirse en Faro Santander a partir de septiembre. En respuesta a las críticas, Banco Santander ha defendido públicamente la legalidad de la operación y sostiene que el traslado se realiza en "plena conformidad con la ley mexicana".
Reunida a lo largo del siglo XX por los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, la colección destaca por su excepcional núcleo de obras de Frida Kahlo, con diez pinturas, además de piezas de Diego Rivera, Rufino Tamayo y otras figuras fundamentales del modernismo mexicano. En la actualidad, varias de estas obras se encuentran expuestas en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México.
El conflicto se intensificó a comienzos de este año, cuando Santander anunció que había alcanzado un acuerdo de largo plazo con la familia Zambrano para administrar 160 de las aproximadamente 300 obras que integran la Colección Gelman. El anuncio se produjo alrededor de un año y medio después de que el gobierno mexicano reconociera públicamente no conocer el paradero preciso del conjunto. La intención del banco de trasladar parte de la colección a España fue recibida con inquietud por parte de curadores, artistas, abogados e historiadores del arte, quienes consideran que la operación podría contravenir las normas mexicanas de protección del patrimonio cultural.
En medio de la presión pública, el gobierno mexicano informó que la colección regresará al país en 2028. Sin embargo, el acuerdo firmado permite que las obras continúen itinerando internacionalmente hasta 2030, un punto que ha alimentado el descontento entre quienes exigen que el acervo permanezca de manera estable en territorio mexicano y bajo un régimen de acceso público.
La tensión aumentó aún más esta semana, cuando el colectivo Defensa de la Colección Gelman —uno de los grupos más activos en la crítica al manejo institucional del caso— anunció el inicio de acciones legales contra el Estado mexicano y Banco Santander. La organización sostiene que el proyecto de circulación internacional de la colección implica una indebida convergencia entre intereses públicos y privados, y ha calificado la operación de "inconstitucional". Entre sus demandas figura la creación de un museo de acceso público dedicado específicamente a la Colección Gelman.
Ante estas acusaciones, Santander respondió rechazando cualquier irregularidad. En un comunicado, la entidad afirmó comprender "perfectamente la importancia cultural e histórica de la Colección Gelman para México" y subrayó que se trata de "una de las colecciones más importantes del arte mexicano", merecedora de "los más altos estándares de cuidado, preservación y respeto". Según el banco español, su participación se limita a respaldar la conservación, el estudio, la exhibición y el acceso público a las obras, siempre dentro del marco legal mexicano. La institución también destacó que, gracias a esta colaboración, la colección pudo exhibirse en México por primera vez en casi dos décadas y que su retorno al país está previsto para 2028.
El caso se vuelve aún más complejo por la naturaleza del acuerdo alcanzado con la familia Zambrano, vinculada al legado empresarial de Lorenzo Zambrano, el fallecido magnate de la industria cementera. Un portavoz de Santander confirmó al Financial Times la existencia de un acuerdo financiero entre el banco y la familia, aunque evitó revelar sus términos.